El estado de excepción encubierto que sufrimos desde la llegada del Coronavirus ha puesto de manifiesto muchas debilidades sociales.

Una de las debilidades que ha puesto de manifiesto es muy importante y será mucho más evidente en la crisis económica que vendrá detrás, es la del modelo económico español, no muy diferente del de otros países del sur de Europa. España lleva 40 años matando su sector primario y desindustrializándose, y en los últimos 20 además, deslocalizando las empresas que no se han vendido al capital extranjero y alimentando con la cantera inagotable de mano de obra barata que supone la inmigración masiva, las que no se ha podido deslocalizar. El resultado lo hemos empezado a ver ya, carecemos de tejido industrial hasta para coser unas mascarillas, que debemos adquirir, a riesgo de ser estafados o robados directamente, en unos mercados internacionales convertidos en bazares persas, pero lo vamos a ver con más claridad en los próximos años, porque las dificultades económicas que vamos a atravesar por estos meses de parón productivo van a ser terribles, especialmente para los más vulnerables.

El reparto de papeles en la economía mundial diseñado en foros poco trasparentes, como Bildergerg o la Trilateral, y ejecutado por organizaciones supranacionales, en absoluto democráticas, como el FMI o la Troika, y que los estados nacionales aplican, habitualmente sin rechistar, reserva a los países más ricos la producción de alta tecnología, a los más pobres la de materias primas y mano de obra barata, y a los países semiperiféricos, como pueden ser los del sur de Europa, entre ellos España, la producción de servicios, convirtiendo algunas de nuestras ciudades históricas y territorios costeros en parques temáticos para turistas. La consecuencia inevitable, cuando las cosas vienen mal dadas y nos damos cuenta de los peligros de vivir todos del turismo, las vamos a sufrir en primera persona en los próximos años.

España necesita un modelo económico viable, como el que desarrolló entre los años cuarenta y setenta del pasado siglo, con campo e industria nacionales y con un tejido de pequeños comercios y empresas, de autónomos y emprendedores, que no nos condenen a todos a los empleos basura que ofrecen las multinacionales. Un modelo económico compatible con la protección social, donde se respete la propiedad privada de todos, y no solo la de los bancos y las grandes empresas, donde no se privaticen continuamente los beneficios y se nacionalicen solo las perdidas.

Para lograr implantar ese modelo económico alternativo, España necesita una clase dirigente, intelectual y política con sentido social e histórico, justo aquello de lo que carece en estos momentos, capaz de desafiar a las políticas de imposición globalista, practicadas hasta ahora por unos gobernantes sometidos a intereses bastardos e inducidas desde el extranjero. Para que eso sea posible lo antes posible, es necesario empezar a trabajar desde abajo, fomentando la rebelión popular y creando la conciencia social que genere un estado de opinión que tenga en cuenta las necesidades de nuestros compatriotas, especialmente las de los más débiles.

Gestos como comprar a nuestros vecinos y no a grandes empresas que tributan en paraísos fiscales, recordar quienes permanecieron a nuestro lado en estos momentos de tribulación y quienes cerraron sus establecimientos para regresar a sus lugares de origen, o fijarnos en el país de procedencia de los productos que adquirimos, para asegurarnos de que consumimos alimentos de proximidad y bienes de producción nacional, pueden ser muy importantes para ayudar a nuestros compatriotas y para ayudarnos a nosotros mismos. El futuro de nuestra patria, que es el futuro de nuestros hijos, es lo que está en juego.