que Franco había logrado y así nos metieron el hachazo ecologista.

España está sacudida por la factura eléctrica más cara de nuestra historia. Las terminales mediáticas del gobierno socialista y los palmeros de la izquierda se esfuerzan en atribuir el hachazo al nuevo comodín, al nuevo pretexto, con que ocultar las miserias: Vladimir Putin.

Afortunadamente cada vez son más los españoles sabedores de la magnitud de la trola gubernamental: de que nuestra dependencia del gas ruso es inexistente; de que la factura de la luz así como la inflación del resto de precios está en alza desde mediados del pasado año; y de que el gobierno socialista es un déspota recaudador que se niega a aplicar recetas sociales tan acertadas como la instaurada por Polonia y basada en bajar el IVA sobre la luz a un 5 por cien o el de los carburantes a un 8 por cien.

No obstante la cuestión mollar, histórica y trascendental que explica el atraco a los españoles mediante la factura energética es otra…

La inflación descarada del precio del recibo eléctrico, que supone en un 70 por cien del mismo los costos y peajes “ambientales” para sufragar la estafa de las energías renovables y las obsesiones climáticas verdes, es la parte avasalladora del recibo. Pero no es, ni mucho menos, el origen primigenio de la pobreza energética de miles de españoles ni del monumental hachazo a los bolsillos.

El origen del expolio a los españoles radica en la pérdida constante de soberanía energética; en el suicidio colectivo a que España se sometió bajo las batutas de PSOE y PP a lo largo del vigente régimen de 1978.

Existe un año clave dentro de esta tarea de suicidio colectivo: fue el año 1984. El año del ataque decisivo contra la energía nuclear, contra la potente política de creación de centrales nucleares que desde los años 60 el régimen de Franco había planificado, potenciado e impulsado para que España fuese autónoma industrial y energéticamente.

En medio de la oleada de atentados etarras y sabotajes contra centrales nucleares como la que se hallaba en construcción llamada “Lemoniz”, el socialismo español que se codeaba con el lobby ecologista internacional, enarboló el lema “nuclear no, gracias” y en 1984 dictó un parón nuclear llamado “moratoria nuclear”, que paralizó en su construcción o actividad a siete centrales nucleares, algunas casi terminadas:  Lemoniz I y II; Valdecaballeros I y II; Trillo II; Regodola I; y Sayago I.

Se suspendió su construcción antes de entrar en servicio. Gracias a ello, los consumidores españoles tuvimos que pagar, y todavía pagamos en buena medida, más de 5000 millones de euros que se incorporan a nuestra factura y que sirven para compensar a las eléctricas por las pérdidas provocadas. El grueso del pago “indemnizatorio” abarcó un periodo hasta 2015.

De este modo y gracias a una política socialista antinuclear de Felipe González que luego continuaría José María Aznar, quedaba abortado y finiquitado el plan franquista de construir hasta 37 centrales nucleares en suelo español. Esta ambiciosa apuesta de los gobiernos de Franco derivaba del Plan de Estabilización de 1959 y de la voluntad por un modelo de plena soberanía energética que daba sus frutos de prosperidad, pues recordemos que en 1975 España era la octava potencia industrial del mundo y la novena en términos económicos.

Las siete centrales nucleares que a día de hoy, en 2022, quedan en España y que serán cerradas en 2035, generan el 22 por cien del total de energía eléctrica que España consume y el 33 por cien de la energía de 0 emisiones. Si tuviésemos 28 reactores nucleares más –es decir, un total de 35-, seríamos plenamente soberanos energéticamente. Recordemos que el régimen franquista pretendía levantar hasta 37.

A la apuesta franquista por la energía nuclear se le sumaba la indispensable explotación de la energía hidráulica que mediante los poderosos embalses, los saltos de agua y la adecuada geografía española hacían posible que España fuese exportadora de energía, tal y como recordó en 1992 el que fuera ministro de Obras Públicas bajo gobiernos franquistas Gonzalo Fernández de la Mora. Y es que de 1.350.000 kilovatios de energía hidráulica generados en 1940, pasamos a producir más de 12.000.000 en 1975.

La orografía de nuestro país, la tercera más montañosa de Europa, fue aprovechada por los gobiernos franquistas para impulsar, con los 515 embalses que construyó entre 1939 y 1975, la irrigación masiva de hectáreas agrarias (para 1975 eran más de 2.000.000 de hectáreas) y para permitir beber y asearse a millones de españoles (de los 4.000 millones de metros cúbicos de agua embalsada en 1936, se pasó a los 40.000 millones en 1975).

En 1975 la autonomía y producción energéticas habían efectuado un gran salto: de los 3617 millones de kilovatios/ hora generados en 1940, pasamos a los 79.603 millones de kilovatios/hora en 1975.

Ni impuestos, ni “eco-tasas”, ni peajes. Los españoles pagaban una factura modesta, sin apenas cargos; una de las más baratas de Occidente. El PSOE pulverizaría esta política ambiciosa.

Cuatro de las centrales nucleares cerradas por el PSOE en 1985 producirían hoy 32 millones de MWh a 25 euros. Las centrales de carbón cerradas en 2018 –proceso que sigue a día de hoy derribándose constantemente torres de las centrales térmicas- generarían actualmente 34 millones de MWh a 45 euros.

Recordemos que hemos llegado a pagar la factura eléctrica de nuestros hogares a precio de 700 euros el MWh a primeros del mes de marzo de 2022. El atraco es monumental, pero eso sí: somos muy “verdes” y antinucleares.

A la progresiva supresión de la energía nuclear y del carbón durante los últimos 40 años, hay que sumar la reciente paralización de la construcción de 85 embalses decretada por la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera en su aplicación de la desquiciada Agenda 2030. Además, el gobierno permite a las grandes eléctricas desecar embalses y, cómo no, desmantelar centrales térmicas en procesos de demolición grabados ante las cámaras de TV a mayor gloria del ecologismo vendepatrias.

El aberrante coste de la luz actual es consecuencia de las obsesiones ecologistas, antinucleares y antifranquistas de la izquierda española desde 1982, pero también del PP que no sólo no desmanteló la estafa de las caras e insostenibles energías renovables emprendida por el socialista Rodríguez Zapatero, sino que además introdujo nuevos impuestos como el del “Sol” y acribilló más todavía a la energía nuclear y a los consumidores subiéndonos los impuestos de la factura eléctrica incluido el IVA al 21 por cien.

Para más inri, el Parlamento español aprobó, con el sólo voto en contra de Vox, la “Ley de cambio climático” de mayo de 2021: normativa que prohíbe la extracción de hidrocarburos en suelo español y que yugula definitivamente a la minería de carbón e impide la extracción de uranio o de gas; recursos energéticos de los que es rica nuestra Patria y en lo referido al gas, ya hay un informe del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas señalando la existencia de reservas de gas para 40 años. Reservas de gas que nos dotarían de independencia energética pero que no podrán ser explotadas gracias a una fanática ley ecologista aprobada por todos los partidos políticos presentes en las Cortes, salvo uno.

De haber continuado con el modelo energético soberano emprendido bajo el régimen franquista y sin la atadura a la desquiciada Agenda 2030 ni al “Pacto verde” ni a una ninguna suicida ley ecologista,  España sería hoy una potencia industrial enorme con la factura energética más barata sin depender del gas argelino, del carbón marroquí ni de las nucleares francesas.

Para postre, gasoductos españoles que nos conectan con el Magreb son controlados en territorio marroquí. Una concesión imperdonable que también efectuaron los gobiernos del régimen de 1978 y que sepulta a España en la debilidad y la sumisión hacia terceros.

En 2022, con la pobreza energética de millones de españoles en aumento pagamos los platos rotos del odio a la obra de los embalses y la energía hidráulica, del odio al programa de centrales nucleares proyectado por el franquismo, del odio de los políticos cortoplacistas y apátridas contra una etapa histórica que llevó a España a enseñorearse como soberana,  respetable y poderosa ante el resto del mundo bajo la jefatura de Francisco Franco.