Como en algo hay que entretenerse y no todo han de ser diversiones intelectuales, tengo costumbre de ver El Hormiguero muchas noches. En este programa, entre entrevistas a actores que quieren promocionar su última película, experimentos científicos que siempre explotan y gamberradas como tirar un coche desde un balcón, han introducido también, un día a la semana, una tertulia política. La adscripción política de Pablo Motos, presentador y padre de la criatura es la del PSOE no sanchista, el de Felipe González y Alfonso Guerra, iconos políticos para él. La tertulia de su programa sigue ese esquema y prácticamente todos sus participantes se adscriben a esta izquierda crítica con Pedro Sánchez y Podemos, pero a la que da alergia todo lo que suene a derecha, tal vez con la única excepción de Tamara Falcó, representante del centro derecha pijo pepero, pero que opina de política lo menos posible y con evidente incomodidad, sintiéndose más a gusto cuando habla de su boda o de cómo le perdonó los cuernos a su novio antes del enlace.

La monolítica línea editorial de su tertulia es tan respetable como otra cualquiera, pero igualmente discutible y, desde luego, no agota los posicionamientos políticos posibles. Hago esta introducción para hablar del tratamiento que hacen de la ley de Amnistía que en estos días perpetra Sánchez para satisfacer a sus socios de gobierno y mayoría parlamentaria comunistoides, separatistas, prófugos de la justicia y proetarras.

Los contertulios del Hormiguero están unánimemente en contra de la Amnistía y es normal y bueno que sea así, porque la Amnistía pone en peligro el estado de derecho, el principio de legalidad, la igualdad ante la ley, la división de poderes y, en última instancia, la propia unidad de España, que no es solo importante por motivos sentimentales, sino que implica cuestionar la propia continuidad de la comunidad política y lanzarnos al abismo. Sin embargo, los izquierdistas colaboradores de Pablo Motos, como él mismo, consideran a Pedro Sánchez un presidente legítimo (ellos mismos contribuyeron a su victoria fomentando el terror irracional a Vox) y se muestran equidistantes entre sus canalladas y los manifestantes en Ferraz, a los que consideran indiscriminadamente violentos, pese a que los actos de violencia han sido mínimos, desde luego en comparación con los de los CDR y demás manifestantes exaltados durante el “proces” a los que ahora se pretende indultar, y ajenos al 90% de los congregados frente a las sedes del PSOE que son pacíficos y se concentran en un ambiente festivo y que han sufrido cargas policiales evidentemente desproporcionadas.

Conviene aclarar esta cuestión no por ninguna animosidad contra el programa de Motos ni porque este tenga una gran audiencia y por tanto una influencia política desproporcionada para un programa de entretenimiento, cuyos integrantes tienen unos conocimientos políticos limitados, sino porque es interesante desde el punto de vista argumental.

¿Es Sánchez un presidente legítimo a pesar de sus despropósitos? Desde el punto de vista formal, desde luego lo es. Llegar al poder desde una coalición de perdedores que incluye a separatistas, prófugos de la justicia y proetarras, que no hace mucho llevaban asesinos de ETA en sus listas, puede ser poco ético y estético, y desde luego políticamente criticable, pero no es ilegal. Sánchez obtuvo los votos necesarios para la investidura y esas son las reglas del juego. Por el contrario, si los acuerdos a los que llegó Sánchez para su investidura tienen un contenido material contrario a la Constitución y a la ley, la cosa cambia. Sánchez sería en este caso un presidente no solo moralmente ilegitimo sino jurídicamente ilegal, en tanto los compromisos en los que se basa su acceso al poder serian asimismo inconstitucionales e ilegales. ¿Es así?

Hemos visto como los pactos de investidura que incluyen la ley de Amnistía, la negociación de un referéndum separatista y la persecución de los jueces por hacer su trabajo frente a las ilegalidades de los políticos secesionistas, destruyen en España principios básicos de la democracia como son el estado de derecho, el principio de legalidad, la igualdad de todos los españoles, la división de poderes e incluso una condición básica de la propia continuidad nacional como es la unidad de España. Esto no es solo poco estético y políticamente criticable. Es directamente criminal.

Los simpáticos y dicharacheros colaboradores de Motos en el Hormiguero aciertan, por tanto, al criticar una norma tan perjudicial como la Amnistía, pero se equivocan gravemente cuando defienden la legitimidad de Sánchez y buscan simetrías y equidistancias imposibles entre sus tropelías y las protestas de los españoles que se concentran frente a las sedes socialistas, así como cuando criminalizan a Vox que, a diferencia de los socialistas, nunca ha puesto en peligro valores esenciales para la convivencia y a quien solo se puede reprochar que piensen diferente y rompan determinados falsos consensos políticos y mediáticos progres, pero que no eran verdaderos consensos sociales, como demuestra que la formación de Abascal sea la tercera fuerza política con más de 3 millones de votos. Y es que no todos somos progres de izquierdas ni de derechas, ni sanchistas ni no sanchistas y tenemos derecho a pensar de un modo diferente. Eso no nos hace peores personas ni menos inteligentes. Simplemente nos da un punto de vista diferente.

Es curioso también que el izquierdista Motos reciba campañas de cancelación… ¿de la derecha? No, de la izquierda sanchista y podemita. No le perdonan que, incluso desde posiciones tan tibias, critique a Sánchez y, en su momento, a Irene Montero y lanzan contra él los perros de la corrección política para acusarle de machista y baboso, aunque sus tesis son ortodoxamente oficialistas en ese y prácticamente todos los aspectos. Pero Motos tiene un programa de máxima audiencia donde todos quieren ir a promocionar sus películas y sus discos, lo que impide a muchos sumarse a su linchamiento y le da una espléndida plataforma para defenderse. No todos los hombres honestos (y cada vez más mujeres, incluso feministas no transexualistas acusadas de TERF, como Lucía Echevarría) sacrificados en el altar del feminismo progre tienen (tenemos) esos mecanismos de defensa.

Cuando la ideología hegemónica progre llega a las purgas internas y a tratar de criminalizar a sus propios acólitos de tendencia sensiblemente distinta a la suya es que ya ha alcanzado cuotas de locura preocupantes.