Por J.M. Pérez
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado mediante una sentencia firme la legalidad y procedencia de las expulsiones fulminantes de inmigrantes ilegales asaltadores de vallas, violadores de nuestras fronteras y agresores de nuestros policías. Una noticia excelente, que sirve de apoyo a la labor de la Guardia Civil y a la defensa del territorio español, y que disgusta a la izquierda proinmigracionista, islamófila y multiculturalista.
A mí, el hecho de que un Tribunal extranjero dicte sentencias sobre competencias que debieran ser de la estricta gestión de España, no me gusta. Pero esta sentencia sí. Y he de aplaudirla, aunque de poco o nada vaya a servir cuando estamos gobernados por quiénes abren y abrirán los puertos y las fronteras para acoger a los “Aquarius” y “Open Arms” que se les presenten.
La enorme gravedad del problema migratorio que sufre España reside en la cobardía de los felones gobernantes de España desde los años 90 a esta parte, que es cuando sufrimos el desgarro de un fenómeno de invasión donde nuestras fronteras son papel mojado para la irrupción de inmigrantes ilegales.
Aznar se fue del gobierno en 2004 dejando España con 3.500.000 inmigrantes. Cuando llegó al gobierno a penas había 500000. Posteriormente Zapatero y las regularizaciones masivas de Jesús Caldera -Ministro de Trabajo-, legalizaron en dos años a más de dos millones de inmigrantes. La burbuja inmobiliaria y crediticia hicieron su agosto con mano de obra barata inmigrante destinada a reventar salarios, y a producir la futura crisis que estalló en 2008.
Hoy, bajo la conjunción gubernativa socialpodemita España vuelve a las andadas. Existen pisos en Valencia, Madrid, Barcelona o Vitoria en manos de ONGs donde en un solo piso hay decenas de magrebíes empadronados, pero casualmente no vive ninguno. Cuando pasan 2 años tras su empadronamiento, el marroquí o argelino viene a instalarse en España para cobrar la paga en forma de “ayuda social” que proporciona la Comunidad Autónoma respectiva. En la Comunidad Valenciana los inmigrantes ilegales, estando un año empadronados, pueden acceder a una paga de 532 euros mensuales impulsada por la ultraizquierdista Mónica Oltra en 2017. En 2004 estalló en los periódicos la primera noticia de “piso patera” fantasma: en Vitoria había un inmueble donde estaban empadronados 45 magrebíes, de los cuales ni uno solo residía allí.
Cabe recordar que las ONGs, por cada inmigrante ilegal que consiguen dar de alta en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), cobran jugosas subvenciones por parte del Estado y de la Unión Europea. La Policía ha denunciado esta situación. La dictadura políticamente correcta, la silencia.
Del mismo modo por cada menor inmigrante “mena” (menores extranjeros no acompañados), el centro de acogida recibe dinero del contribuyente canalizado a través de subvenciones sinuosas. La Unión Europea subvenciona a los gobiernos autonómicos por cada “mena” tutelado (entre 4000 y 9000 euros por menor) , así como a los centros que los acogen (más de 60.000 euros al año). Cada plaza de “mena” nos cuesta a los contribuyentes 7000 euros mensuales como media. Conviene recordar que Comunidades como Cataluña otorgan 600 euros de paga mensual a los “menas” de edades comprendidas entre 18 y 23 años, y que el gobierno autonómico de Madrid, con la única oposición parlamentaria de Vox, va a destinar más de 24 millones de euros en pocos meses para atender a más “menas”.
Cuando el menor extranjero cumple la mayoría de edad accede al derecho a la reagrupación familiar y a las rentas de inserción mínima para inmigrantes que superan a los sueldos y las pensiones que cobran miles de trabajadores españoles.
Ser “mena” en España es un chollo pues Marruecos vulnera los Acuerdos de repatriación de menores suscritos con España; España se baja los pantalones ante Mohammed VI; y los contribuyentes pagamos a estos menores la manutención, la sanidad, los estudios y, por supuesto, la responsabilidad civil en la que incurren cada vez que violan, agreden o destrozan el mobiliario. Los vecinos del barrio madrileño de Hortaleza, los valencianos de localidades como Buñol o los catalanes de Castelldefels que alojaron -o alojan- “menas”, sufridores de la delincuencia de estos jóvenes marginales, dan cuenta de su criminalidad blanqueada por los políticos bienquedistas como Isabel Diaz Ayuso o por los rojos apátridas.
La inmigración ilegal conlleva, además de una sigilosa y progresiva destrucción cultural de España y Europa, una inmensa red de vividores y trepas: desde ONGs, hasta comunidades autónomas y políticos de todo pelaje que sitúan al frente de sus cortijos de sacamantecas a sus familiares y amigos. Esta práctica es bastante habitual en la Comunidad Valenciana gobernada por el PSOE y la vicepresidenta autonómica ultraizquierdista Mónica Oltra, cuyo marido, enchufado en un centro de tutela de menores fue procesado y condenado por abusar de una menor habiendo sido protegido por la que entonces era todavía su esposa, la vicepresidenta valenciana Oltra.
El caso del proxenetismo y el abuso contra menores tutelados perpetrado en Mallorca con el silenciamiento, durante años, por parte del gobierno socialpodemita balear, es otro paradigma de hasta dónde hunde sus tentáculos el negocio, corrupción y degeneración de las autoridades políticas de izquierdas que hacen de la tutela de menores su negociazo inmoral.
El problema de España con la inmigración es de fronteras, es de políticos, es de falta de soberanía y es, no lo olvidemos, también del chorreo público que beneficia a saqueadores, enchufados y trepas que manejan toneladas de millones de euros de dinero del contribuyente para su enriquecimiento y chiringuitos.
A mí, el hecho de que un Tribunal extranjero dicte sentencias sobre competencias que debieran ser de la estricta gestión de España, no me gusta. Pero esta sentencia sí. Y he de aplaudirla, aunque de poco o nada vaya a servir cuando estamos gobernados por quiénes abren y abrirán los puertos y las fronteras para acoger a los “Aquarius” y “Open Arms” que se les presenten.
La enorme gravedad del problema migratorio que sufre España reside en la cobardía de los felones gobernantes de España desde los años 90 a esta parte, que es cuando sufrimos el desgarro de un fenómeno de invasión donde nuestras fronteras son papel mojado para la irrupción de inmigrantes ilegales.
Aznar se fue del gobierno en 2004 dejando España con 3.500.000 inmigrantes. Cuando llegó al gobierno a penas había 500000. Posteriormente Zapatero y las regularizaciones masivas de Jesús Caldera -Ministro de Trabajo-, legalizaron en dos años a más de dos millones de inmigrantes. La burbuja inmobiliaria y crediticia hicieron su agosto con mano de obra barata inmigrante destinada a reventar salarios, y a producir la futura crisis que estalló en 2008.
Hoy, bajo la conjunción gubernativa socialpodemita España vuelve a las andadas. Existen pisos en Valencia, Madrid, Barcelona o Vitoria en manos de ONGs donde en un solo piso hay decenas de magrebíes empadronados, pero casualmente no vive ninguno. Cuando pasan 2 años tras su empadronamiento, el marroquí o argelino viene a instalarse en España para cobrar la paga en forma de “ayuda social” que proporciona la Comunidad Autónoma respectiva. En la Comunidad Valenciana los inmigrantes ilegales, estando un año empadronados, pueden acceder a una paga de 532 euros mensuales impulsada por la ultraizquierdista Mónica Oltra en 2017. En 2004 estalló en los periódicos la primera noticia de “piso patera” fantasma: en Vitoria había un inmueble donde estaban empadronados 45 magrebíes, de los cuales ni uno solo residía allí.
Cabe recordar que las ONGs, por cada inmigrante ilegal que consiguen dar de alta en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), cobran jugosas subvenciones por parte del Estado y de la Unión Europea. La Policía ha denunciado esta situación. La dictadura políticamente correcta, la silencia.
Del mismo modo por cada menor inmigrante “mena” (menores extranjeros no acompañados), el centro de acogida recibe dinero del contribuyente canalizado a través de subvenciones sinuosas. La Unión Europea subvenciona a los gobiernos autonómicos por cada “mena” tutelado (entre 4000 y 9000 euros por menor) , así como a los centros que los acogen (más de 60.000 euros al año). Cada plaza de “mena” nos cuesta a los contribuyentes 7000 euros mensuales como media. Conviene recordar que Comunidades como Cataluña otorgan 600 euros de paga mensual a los “menas” de edades comprendidas entre 18 y 23 años, y que el gobierno autonómico de Madrid, con la única oposición parlamentaria de Vox, va a destinar más de 24 millones de euros en pocos meses para atender a más “menas”.
Cuando el menor extranjero cumple la mayoría de edad accede al derecho a la reagrupación familiar y a las rentas de inserción mínima para inmigrantes que superan a los sueldos y las pensiones que cobran miles de trabajadores españoles.
Ser “mena” en España es un chollo pues Marruecos vulnera los Acuerdos de repatriación de menores suscritos con España; España se baja los pantalones ante Mohammed VI; y los contribuyentes pagamos a estos menores la manutención, la sanidad, los estudios y, por supuesto, la responsabilidad civil en la que incurren cada vez que violan, agreden o destrozan el mobiliario. Los vecinos del barrio madrileño de Hortaleza, los valencianos de localidades como Buñol o los catalanes de Castelldefels que alojaron -o alojan- “menas”, sufridores de la delincuencia de estos jóvenes marginales, dan cuenta de su criminalidad blanqueada por los políticos bienquedistas como Isabel Diaz Ayuso o por los rojos apátridas.
La inmigración ilegal conlleva, además de una sigilosa y progresiva destrucción cultural de España y Europa, una inmensa red de vividores y trepas: desde ONGs, hasta comunidades autónomas y políticos de todo pelaje que sitúan al frente de sus cortijos de sacamantecas a sus familiares y amigos. Esta práctica es bastante habitual en la Comunidad Valenciana gobernada por el PSOE y la vicepresidenta autonómica ultraizquierdista Mónica Oltra, cuyo marido, enchufado en un centro de tutela de menores fue procesado y condenado por abusar de una menor habiendo sido protegido por la que entonces era todavía su esposa, la vicepresidenta valenciana Oltra.
El caso del proxenetismo y el abuso contra menores tutelados perpetrado en Mallorca con el silenciamiento, durante años, por parte del gobierno socialpodemita balear, es otro paradigma de hasta dónde hunde sus tentáculos el negocio, corrupción y degeneración de las autoridades políticas de izquierdas que hacen de la tutela de menores su negociazo inmoral.
El problema de España con la inmigración es de fronteras, es de políticos, es de falta de soberanía y es, no lo olvidemos, también del chorreo público que beneficia a saqueadores, enchufados y trepas que manejan toneladas de millones de euros de dinero del contribuyente para su enriquecimiento y chiringuitos.
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